Chau Donald, Mickey Mouse… y más | Opinión

Por un lado, la prevalencia de regímenes políticos sobrecalentados por las elecciones, sí, pero problemático porque en algunos de ellos la corrupción y el crimen organizado se han convertido en piezas integrales o interactuantes con el poder político.

En segundo lugar, un orden internacional que no esté pintado en la pared y sea un factor políticamente actual en los procesos institucionales. Desde las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de cumplimiento obligatorio, hasta señalaron sustantivos de países democráticos que pueden tener un impacto concreto en las personas que se beneficiarán de la plataforma democrática.

Estos días han sido prioritarios los procesos democráticos modificados internamente por la corrupción o el autoritarismo en Guatemala y Perú.

En el primer país, especialmente frente a los distintos movimientos atribuidos al Pacto de los Corruptos, a la superpoderosa fiscal general, María Consuelo Porras y sus pares en el Congreso. En Hacienda se indica, entre otras cosas, que tienen derecho a ser factor en los impuestos judiciales y anticorrupción en Guatemala, decenas de los cuales han podido refugiarse en EE UU.

Las fuerzas provenientes de estos espacios son las que pretenden impedir que el democráticamente electo Bernardo Arévalo asuma el Gobierno. La OEA resolvió la semana pasada la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y del Gobierno de los EE UU a Guatemala, por ello retiró las visas a 300 políticos, congresistas y representantes del sector privado guatemaltecos y sus familiares para “apoyar la democracia y Estado”. derecho”.

En Perú no parece haber formalizado un pacto para los corruptos, pero es una situación cada vez más parecida. Al impedir que más de 300 guatemaltecos vinculados al Pacto viajen a EE UU y visiten, por ejemplo, a interlocutores que podrían ser de su preferencia como el ratón Mickey y Donald en Florida, perfectamente podría extenderse a décadas de congresistas de Perú, y otros políticos. y empresarios de su entorno, involucrados en corrupción o servicio irregular a intereses privados. “Donde hay la misma razón ante el otro lado”, es un dicho muy conocido.

Con la legitimidad del Congreso y del Gobierno en un lenguaje raquítico en el Perú, el entorno institucional se ha visto remecido por redes criminales o al servicio de intereses privados operados por los congresos. De cara al futuro, también cabe una comparación con la comunidad internacional. Entre otras cosas, para que la negativa sea una decisión obligatoria de la Corte Interamericana, como fue comunicado por el Gobierno peruano a la Corte la semana pasada.

Son muchos, pero hay dos factores que han sido cruciales y concurrentes en este grave deterioro institucional en el Perú.

Por un lado, la presunta organización criminal que construyó la cuestionada fiscal, Patricia Benavides (hoy suspendida por la Junta Nacional de Justicia). No sólo había montado una roja ilícita para favorecerla, sino que había cercado y destituido al equipo anticorrupción fiscal que investigaba diligentemente casos como el Lava Jato y otros graves actos de corrupción transnacional.

Por el otro, el poder legislativo unicameral. Al operar en beneficio de sus miembros, en contraste con los intereses nacionales fundamentales, se favorecen intereses particulares. Presidium de un condenado -para tal efecto- para la justicia penal y con décadas de congresos bajo investigación penal, muchos de ellos fueron apoyados gracias a la benevolencia de la actual suspensión fiscal de la nación.

Como si esta complicidad fiscal/congresal no fuera suficiente -¡oh coincidencia!-, se toman medidas en el Congreso para paliar las “incómodas” investigaciones sobre corrupción. Por ejemplo, al perpetrar una ley -la semana pasada- que diluye el útil proceso de colaboración efectiva que ha dado buenos resultados en las investigaciones anticorrupción en el Perú durante los últimos cinco años. Marcan un camino de rescate e impunidad para los investigadores -en el Congreso o fuera de él-. Fiel calco del Pacto de los Corruptos de Guatemala.

En paralelo, el uso del poder parlamentario para acabar con el arrasar con la selva amazónica, en descarte y gran beneficio para intereses particulares y en grave perjuicio respecto del medio ambiente y los intereses de la población. La semana pasada: la crucial Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada la semana pasada, con la opinión contraria del Ejecutivo, tras un “amplio debate” de 10 minutos. Después de Brasil, les sigue Perú en el espacio de los bosques amazónicos.

La ley fue aprobada, dentro de una marca visible de presión. vestíbulo de intereses privados, suspender la zonificación forestal, excluir al Ministerio de Agricultura (que realiza esta zonificación) y eliminar el procedimiento para autorizar el cambio de uso en áreas privadas, que era un medio de protección contra la fijación de precios irregulares.

Las inmensas áreas de bosque ya deforestadas están siendo privatizadas, legitimando la deforestación masiva e ilegal de más de 140.000 hectáreas producida en los últimos años por la tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico. Nefasta ley al servicio de intereses particulares cuando Perú es el tercer país (después de Brasil y Bolivia) en áreas deforestadas amazónicas. Un “todo vale” gracias a un Congreso plagado de implicados por la justicia penal.

Con el antecedente de las medidas punitivas contra congresistas, políticos y empresarios guatemaltecos, no sería raro que el gobierno estadounidense estudiara y considerara, en ese momento, una decisión semijante en Perú contra algunos políticos, congresistas y empresarios para “apoyar la democracia y el Estado derecho”. Podría ser objeto de fuertes reacciones interamericanas por la solicitud del Gobierno peruano de implementar decisiones vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Chau Donald y Mickey Mouse? ¿Para siempre?

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