Una propuesta legislativa popular (ILP) destinada a anular la ley 18/2013, que confiere a la tauromaquia el estatus de patrimonio cultural, se está convirtiendo en un asunto fundamental en la política de España. Esta propuesta, que ha reunido 664.777 firmas válidas, requiere que el Congreso vote sobre el futuro del toreo. Con un tiempo de seis meses para decidir, los legisladores deberán expresarse, lo cual podría definir el futuro de una tradición profundamente arraigada en la cultura española.
La normativa que se pretende anular se ratificó en 2013 y ha sido considerada por muchos como un apoyo a las corridas de toros al ser parte del patrimonio cultural del país. No obstante, una parte significativa de la sociedad y de los políticos opina que su protección limita las capacidades de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, quienes deberían tener la autoridad para decidir sobre la realización de estos eventos. Los impulsores de la ILP, un grupo llamado “No Es Mi Cultura”, sostienen que la tauromaquia debería ser vista como un espectáculo público común y no como un patrimonio cultural amparado por la Constitución.
Actualmente, las comunidades autónomas tienen la autoridad para regular las ferias taurinas, pero no pueden prohibirlas debido a su estatus de patrimonio cultural. La eliminación de esta protección permitiría a los gobiernos locales prohibir las corridas de toros y otros eventos taurinos si así lo deciden. Esta es la razón por la que la iniciativa ha ganado fuerza en diversas partes del país, especialmente en aquellas regiones donde la tauromaquia es menos popular.
El Parlamento deberá decidir ahora si conserva esta protección cultural o si avanza hacia la desprotección, lo que permitiría una prohibición más amplia de los eventos taurinos. Esta votación promete ser una disputa política en la que los principales partidos del país tendrán que fijar su posición. El partido gobernante, el PSOE, ha mantenido una actitud ambigua respecto a este asunto. Aunque históricamente ha mostrado respeto por la tauromaquia, ha habido una división interna sobre cómo enfrentar su futuro. El PSOE ha apoyado algunas medidas en favor de la tauromaquia, como la recuperación del Premio Nacional de Tauromaquia, pero también ha tomado decisiones polémicas, como la eliminación de este premio en 2024.
Por otro lado, el Partido Popular y la extrema derecha se oponen a la iniciativa, defendiendo la protección de la tauromaquia como un aspecto fundamental de la cultura española. Mientras tanto, partidos como Esquerra Republicana y Unidas Podemos han apoyado activamente la prohibición de las corridas de toros y se alinean con aquellos que consideran que la protección de la tauromaquia es un anacronismo.
El triunfo de la ILP podría transformar profundamente el ámbito taurino, posibilitando que las administraciones locales decidan sobre la realización de estas actividades. Asimismo, la supresión de la ley que ampara la tauromaquia influiría en otros ámbitos vinculados, como la financiación estatal para el impulso de las corridas de toros y su incorporación en proyectos culturales, como el Bono Cultural Joven.
En cuanto a la práctica de la tauromaquia, los datos oficiales muestran una ligera disminución en el número de festejos en los últimos años. En 2023, se celebraron 1.474 corridas, frente a las 1.546 del año anterior. Sin embargo, estas cifras aún superan los números previos a la pandemia, lo que indica que la tauromaquia sigue siendo una tradición presente en varias regiones del país, especialmente en Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía.
